En España existe un vacío legal en la práctica de las terapias naturales, a pesar de que el sector lleva desde la década de los ochenta reivindicando un reconocimiento oficial. Se calcula que en la actualidad unas 35.000 personas ejercen las terapias naturales en esta situación. Sin embargo, el vacío legal parece ahora que tiene los días contados. Con las iniciativas en marcha, se regularán los requisitos para ejercer ciertas terapias y la formación mínima necesaria, y se concretarán las responsabilidades que se contraen con el paciente.

Hoy, por poner un ejemplo, sólo en Cataluña hay 5.000 homeópatas que no son licenciados en Medicina y sólo 500 que son médicos. Estos últimos contraen por ley una responsabilidad con el paciente, mientras que en el colectivo de los que no son médicos esa responsabilidad no existe legalmente porque no están reconocidos como terapeutas (aunque algunas asociaciones tienen un seguro de responsabilidad civil). Cataluña es la que ha empezado la regularización de las terapias naturales en España con un proyecto de decreto que establece un precedente.

Según Rafael Manzanera, director general de Recursos Sanitarios de la Generalitat de Catalunya, «se trata de un primer paso» (ver el recuadro «El precedente catalán»). Además, a más tardar en octubre de 2007, España, al igual que el resto de los 25 países de la UE, deberá tener definidas cuáles son sus profesiones regladas y cuáles no, según exige la Directiva Europea 2005/36/CE. Es decir, deberá establecer el reconocimiento o no como profesional sanitario de las personas que aplican las terapias naturales. Hoy, aunque el Gobierno del PSOE se comprometió a regular las terapias naturales durante esta legislatura, estos profesionales sólo son reconocidos por el Ministerio de Hacienda, como «profesionales parasanitarios», y por lo tanto deben cotizar. Pero nada más. Según Esteban Cabal, portavoz de la Mesa de Unidad de la Salud Natural, que agrupa a 30 asociaciones en España, «el Ministerio de Sanidad nos ha manifestado su voluntad de regular el sector, pero de momento no hace nada. Enviamos una carta a la ministra Elena Salgado en diciembre de 2005, manifestando el malestar y las reivindicaciones del sector, pero lo único que hacen es remitirnos a la labor del Instituto Nacional de Cualificaciones» [Incual, organismo dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia que está estudiando la incorporación de alguna terapia natural al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, dentro de la familia de profesión sanitaria].

El proceso de regularización catalán, no obstante, puede perfilar el modelo para ordenar el sector en toda España. «El Gobierno español está a la expectativa de lo que ocurre en Cataluña», explica Àlex Badrena, secretario general de Cofenat Catalunya, una asociación que representa a más de 3.500 profesionales del sector en esta comunidad, y uno de los expertos que trabaja con la Administración catalana en el proceso de regularización. «Andalucía y Extremadura nos han mostrado su interés, incluso para poder trasponer el mismo decreto en sus comunidades», añade. Hay otras iniciativas en el Estado, como la de la Chunta Aragonesista, que en el año 2004 presentó una proposición no de ley sobre medicinas no convencionales, que finalmente no se aprobó. En la actualidad, la diputada Yolanda Echevarría ha hecho una pregunta a la consejera sobre este tema, pero la respuesta oral en el Pleno del Parlamento aragonés no se había dado cuando escribíamos este informe. Por su parte, la Plataforma para la Defensa de la Salud Natural ha entregado al Congreso de los Diputados unas 100.000 firmas para solicitar la regulación de las terapias naturales en toda España.

El proceso de regularización iniciado en Cataluña ha puesto de manifiesto la necesidad de normalizar y oficializar el ejercicio de las terapias naturales, cuya demanda social no para de crecer. Sólo en Cataluña, según datos facilitados por el Departament de Salut de la Generalitat, hay unos 6.000 profesionales en activo que ejercen terapias naturales y al menos el 30% de la población ha recurrido alguna vez a un terapeuta natural. «En Cataluña cada vez hay más demanda y más oferta de terapias naturales y por eso se debía afrontar ya la situación y regularizarla», comenta Badrena. Pero el proceso de regularización no está exento de polémica. Aunque el sector coincide en la necesidad de un reconocimiento oficial, hay discrepancias en el articulado del proyecto, sobre todo en el método de evaluación y también en la regularización de determinadas terapias, como la homeopatía y la acupuntura. «Una regularización siempre genera recelos porque tendrá unos protocolos.

Los terapeutas tendremos unos derechos y unas obligaciones y esto, a una parte del sector, no le gusta», dice Badrena. La enseñanza y el método de evaluación, es decir, los exámenes, es uno de los apartados que ha levantado más polémica. Para Àlex Badrena, «lo que más nos preocupaba era la evaluación de los profesionales cada 10 años. Pero el Institut d’Estudis de la Salut (IES) nos ha especificado que no será exactamente un examen, sino que se tratará de una formación continuada cada año, para poder estar al día. Además, el profesional, al renovar la licencia, deberá aportar tres o cuatro casos de pacientes para demostrar que actúa correctamente en su ejercicio». Para Esteban Cabal «la regularización de la enseñanza debería ser a través del Ministerio de Educación». El proyecto de decreto fue criticado por las secciones de médicos acupuntores y de médicos homeópatas del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), que aseguran que lo que hace es acreditar manos no sanitarias para realizar terapias sanitarias. Según Assumpta Mestre, presidenta de la sección de homeopatía del COMB, «hemos presentado alegaciones porque invade el ámbito médico». A pesar de que en un principio estaban deacuerdo con la regularización, «creemos que se han excedido en sus funciones. Para ejercer bien la homeopatía es necesario hacer un diagnóstico clínico previo y después recetar un medicamento». Mestre señaló que los preparados homeopáticos son medicamentos, protegidos por la ley, y en su opinión «sólo pueden ser prescritos por médicos». Para Mestre, la formación que se requiere es mucho más elevada de la que establece el decreto: «Un médico homeópata, además de estar licenciado, ha hecho un máster en homeopatía y cursos de perfeccionamiento. Es imprescindible que sean médicos con una formación teórica y clínica».


Lo que pide la sección es que el decreto deje fuera a la homeopatía y la acupuntura; si no es así, los representantes del Col·legi de Metges de Barcelona dicen que irán a jucio, porque quieren que se reconozca la homeopatía como una especialidad médica. Sin embargo, el representante de la Generalitat, Rafael Manzanera, nos ha asegurado que «el decreto incluirá la acupuntura y la homeopatía, intentando encajar las alegaciones presentadas». A mediados de mayo las dos posturas negociaban para acercarse. Según Assumpta Mestre, los pacientes tienen que saber quién les atiende, si es un médico o un terapeuta, y esto muchas veces crea confusión. «La homeopatía no tiene efectos secundarios, dice, pero sí indeseables. No es tóxica, pero al contrario de lo que piensa mucha gente, tampoco es inocua». En la misma línea se ha pronunciado Mª José Alonso, vocal de plantas medicinales del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COF). «Estamos absolutamente de acuerdo con la regularización.

Hay una demanda social y muchos prácticos y es mejor regularla. En lo que diferimos es en que la homeopatía no debe estar regulada, porque es una práctica médica que utiliza un medicamento y hace un diagnóstico». Pese a las recomendaciones de la UE y de la OMS de regular las terapias naturales, no existe una normativa europea; la situación es muydispar. En Alemania, desde los años 30, con el título de Heilpraktiker se ha regulado la práctica de la homeopatía, acupuntura, naturopatía, hidroterapia y manipulaciones físicas. También están reguladas en Francia, Bélgica, Holanda y Dinamarca. En el Reino Unido existen carreras universitarias de homeopatía, naturopatía, osteopatía y acupuntura. Y en Portugal, en la actualidad se está trabajando una propuesta de regulación.

Prueba piloto

La experiencia del Hospital de Mataró El Hospital de Mataró (Barcelona) está realizando una prueba piloto para evaluar la eficacia de las terapias naturales. Más de 3.000 pacientes –oncológicos y afectados de dolor de espalda crónico o laboral– serán tratados con alguna terapia natural –manual, homeopatía y acupuntura– durante tres años para mejorar síntomas físicos como dolor o fatiga. Según Alfons Vinyals, promotor de la experiencia, «la prueba está teniendo muy buena acogida. Incluso tenemos una lista de espera importante. La valoración de los resultados debería servir para ver la viabilidad de que los centros de atención primaria pudieran dar este servicio en el futuro».

Legislación

El precedente catalán En marzo, Marina Geli, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, presentó el proyecto de decreto que regulará el ejercicio de determinadas terapias naturales en Cataluña. Tras el periodo de alegaciones, que finalizó en mayo, está prevista su publicación en el diario oficial a principios de junio y, con su aprobación, el ejercicio de algunas terapias naturales puede estar regulado este año. Las terapias naturales que regula el proyecto de decreto son: acupuntura y terapias orientales afines; naturopatía, que incluye el uso de las plantas medicinales; terapias y técnicas manuales, como la osteopatía, el shiatsu o la kinesiología; y la homeopatía. En una segunda fase, a partir de noviembre, está previsto introducir: la medicina ayurvédica,eltai chi y las técnicas de respiración. El proyecto de decreto fija los requisitos para poder practicar estas terapias naturales e incluye la creación de un registro de profesionales y de centros autorizados. Los profesionales que ejerzan las terapias naturales deberán acreditar sus conocimientos y habilidades. Los profesionales no sanitarios, los que no han cursado una licenciatura o diplomatura sanitaria, deberán someterse a un examen y revalidar la acreditación cada 10 años. Una vez aprobado el decreto, dispondrán de dos años para examinarse y obtener la acreditación.

Fuente: Integral